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Grupo Von Appen cierra disputa con Uruguay y lanza apuesta de US$ 900 millones en Montevideo

La firma chilena retiró su arbitraje ante el Ciadi y presentó un proyecto portuario de US$ 900 millones. El caso deja en evidencia el peso de la libre competencia y el costo de cerrar mercados con reglas que favorecen a un solo operador.
Imagen generada con IA
sábado 12 de septiembre de 2026 · 18:05 UTC

Confirmado. Grupo Von Appen, a través de Neltume Ports, retiró su demanda ante el Ciadi contra Uruguay.

La notificación del retiro quedó comunicada el 19 de agosto. El acuerdo para poner fin al proceso se oficializó el 4 de septiembre. Días después, la compañía presentó a la Presidencia de Uruguay un proyecto para construir una nueva terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo, por US$ 900 millones.

Según los registros del Ciadi, el arbitraje había comenzado el 23 de mayo de 2024. Neltume Ports invocó el acuerdo de protección de inversiones entre Chile y Uruguay. El conflicto surgió tras decretos del gobierno de Luis Lacalle Pou que extendieron la concesión de Terminal Cuenca del Plata hasta 2081 y concentraron la operación de contenedores en ese operador.

La firma chilena sostuvo que esas medidas la sacaron prácticamente del negocio. Su participación en la carga contenedorizada cayó de cerca de 55% a aproximadamente 20%. Además, debió despedir o relocalizar a un 40% de su personal.

En paralelo, Montecon impugnó los decretos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El 17 de diciembre de 2025, ese tribunal anuló la cláusula que impedía habilitar una segunda terminal especializada en Montevideo.

Fuentes de Ultramar dijeron que el desistimiento se apoyó, sobre todo, en esa sentencia. También precisaron que el acuerdo no contempla pago, condición ni compensación de ningún tipo. Jorge Díaz dijo que Uruguay «no asume ninguna responsabilidad de ningún tipo» y que el cierre fue «un triunfo».

El dato de fondo es claro. Cuando el Estado concentra la operación en un solo actor, la inversión se frena y el litigio aparece. Cuando se corrige la regla, vuelve el capital privado. Eso beneficia al puerto, a los usuarios y al empleo.

También queda una señal para la burocracia regional. La libre competencia no es un slogan. Es la base para que haya más oferta, más inversión y menos arbitrariedad regulatoria. En este caso, el mercado abrió una puerta que el aparato estatal había cerrado.

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