ESPAÑA (Pulso) — Confirmado. La Audiencia Nacional de España ordenó la puesta en libertad de un inmigrante investigado por actividades yihadistas.
Según los antecedentes de la causa, el sospechoso expresó su intención de hacer la yihad y alcanzar el «martirio». También vigiló alrededor de diez iglesias católicas de Navarra y Guipúzcoa. Además, realizó más de 500 búsquedas relacionadas con armas.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, también habría intentado conseguir un arma de fuego. En paralelo, buscó información sobre la fabricación de cócteles molotov. En sus dispositivos electrónicos, los investigadores encontraron material de propaganda yihadista.
La investigación también revisó su actividad en Facebook, donde contaba con aproximadamente 4.769 seguidores. Entre ellos, las autoridades identificaron al menos 76 personas que mostraban señales claras de apoyo a la ideología yihadista, además de dos individuos condenados y otras personas ubicadas en zonas de conflicto.
Las autoridades analizaron vínculos con círculos radicales fuera de España. También revisaron contactos digitales del sospechoso con personas vinculadas al extremismo yihadista.
El caso vuelve a poner el foco sobre cómo el gobierno comunista español decide liberar terroristas islámicos solo por el hecho de ser inmigrantes a pesar de ser peligrosos para los ciudadanos de España, según La Derecha Diario.
España mantiene desde hace años un dispositivo específico contra el terrorismo yihadista. El país ya sufrió los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017 y el ataque contra iglesias de Algeciras en 2023, en el que murió el sacristán Diego Valencia.
El episodio vuelve a plantear el desafío de equilibrar la prevención de amenazas terroristas con las garantías judiciales. En esa tensión, el criterio de los tribunales pesa más que el impulso político. Y cuando el Estado administra el riesgo, la seguridad de los ciudadanos no puede quedar segunda.
