ESPAÑA (Pulso) — El Gobierno de Pedro Sánchez destituyó a la funcionaria responsable de la difusión de alertas informativas del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de la Presidencia del Gobierno. El cese se produjo el 1 de agosto, según la fuente.
El motivo documentado: la distribución de un comunicado oficial el 31 de julio en el que se reconocía que el número de inmigrantes que habían cruzado la frontera en Ceuta alcanzaba las 49.000 personas por el espigón y la playa del Tarajal. El mensaje citaba fuentes del Ministerio del Interior.
El comunicado fue borrado del sitio oficial. Desde esa fecha, según la fuente, la web del DSN no ha vuelto a publicar nuevas noticias.
La decisión fue adoptada por la general Loreto Hurtado, jefa del DSN, y comunicada a la afectada por teléfono mientras disfrutaba de vacaciones. La funcionaria solo pudo regresar a su despacho a recoger efectos personales. No se aplicó la práctica habitual de reincorporarla a su administración de origen —el Ministerio de Defensa—. Quedó en situación de «disponible sin destino», con merma en sus retribuciones, según la fuente.
Agencias como Reuters ya habían reproducido la cifra de 49.000 antes de las 10:00 del viernes 31, según el mismo reporte. La cifra habría superado posteriormente los 60.000, de acuerdo con la fuente.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó a Sánchez por la gestión, pero según la fuente también le reprochó que «no usara el apoyo europeo» durante la crisis.
El Gobierno, además, deberá reubicar en la península a «centenares de menores» en un plazo de 15 días, según el mismo reporte.
Lectura editorial. Un aparato estatal que castiga a quien cumple su obligación de informar no gestiona una crisis: la administra políticamente. La funcionaria pagó con su cargo y su sueldo por difundir datos que ya circulaban en agencias internacionales. El principio en juego es elemental: la transparencia no es una concesión del poder; es una obligación ante los ciudadanos.
