ESTADOS UNIDOS (Pulso) — Confirmado. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, publicó un canal para denunciar el uso indebido de visas.
La página habilitada es travel.state.gov/en/report-visa-fraud.html. Allí, las personas pueden diligenciar un formulario con datos de quien presuntamente hace fraude con la visa. Las denuncias pueden ser anónimas.
Landau escribió que, si alguien sabe o cree que una persona abusa de su visa, lo informen. Dijo que investigarán. La invitación fue dirigida a «estadounidenses y no estadounidenses».
El anuncio se da en medio de la revocatoria de visas a políticos latinoamericanos. El Departamento de Estado dijo que la medida apunta a personas que, a su juicio, «atentan contra la seguridad, el estado de derecho y la democracia».
En Colombia, los afectados fueron la senadora Martha Isabel Peralta y el empresario Euclides Torres. El texto señala que Peralta tiene un proceso abierto ante la justicia colombiana por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD. También dice que Torres fue llamado a declarar por investigaciones sobre la presunta financiación irregular de campañas al Congreso del Pacto Histórico.
En Bolivia, 12 personas perdieron sus visas. Entre ellas hay jueces, magistrados, empresarios y fiscales. Otras 9 fueron declaradas inelegibles si solicitan ese documento. En Ecuador, la decisión alcanzó a dos personas. En Perú, la visa fue revocada al juez Juan Carlos Núñez.
La señal es clara. Washington está usando el control migratorio como herramienta de presión política y disciplinaria. Para el contribuyente estadounidense, eso puede leerse como un filtro más duro frente al abuso. Para las élites regionales, es una advertencia: la visa dejó de ser un derecho automático.
El principio de fondo también importa. Un documento emitido por un Estado soberano no debería convertirse en un premio para redes de poder, corrupción o favores políticos. Si el canal sirve para cortar abusos reales, fortalece la autoridad de la ley y la credibilidad institucional.