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Economista exige transparencia en pacto petrolero de EE UU y Venezuela

Asdrúbal Oliveros pide contratos públicos y auditorías para el acuerdo de más de 100.000 millones de dólares. Advierte que la opacidad alimenta economías ilícitas que ya superan el 20% del PIB.
Imagen ilustrativa
domingo 6 de septiembre de 2026 · 00:27 UTC

El economista Asdrúbal Oliveros advirtió este sábado sobre riesgos de opacidad en la expansión petrolera venezolana. Lo hizo en su cuenta en X.

«Venezuela necesita inversión petrolera, pero también transparencia», escribió. Pidió que los términos de los acuerdos «se conozcan y debatan públicamente».

Oliveros no pide frenar el capital. Pide reglas claras: competencia, contratos transparentes, beneficiarios identificados. También ingresos auditables y rendición de cuentas.

Citó estudios de la organización No Más Guiso. Según esos datos, las economías ilícitas representan más del 20% del PIB venezolano desde 2017.

El trasfondo es el acuerdo petrolero anunciado por Washington y Caracas. Donald Trump lo calificó como «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial».

La presidenta encargada Delcy Rodríguez precisó cifras. Habla de 17 campos estratégicos y una inversión superior a 100.000 millones de dólares.

Empresas estadounidenses explotarán reservas con potencial probado de 65.000 millones de barriles. Eso equivale a más del 21% de las reservas totales del país, que suman 303.806 millones de barriles según el Ministerio de Hidrocarburos.

Según Rodríguez, el pacto aportará más de 209.000 millones de dólares en tributos al Estado. Trump aseguró que no tendrá costo para el contribuyente estadounidense y bajará el precio de la gasolina.

Lectura editorial. El reclamo de Oliveros toca el punto exacto donde el libre mercado se sostiene o se derrumba: la propiedad de los contratos. Sin auditorías ni beneficiarios identificados, una inversión histórica corre el riesgo de repetir el viejo patrón venezolano de rentas concentradas en pocas manos y un aparato estatal opaco.

El dato de fondo importa: un país con economías ilícitas por encima del 20% del PIB no puede ofrecer garantías jurídicas sólidas sin transparencia previa. La inversión extranjera, para ser sostenible, necesita reglas verificables, no solo anuncios de cifras multimillonarias.

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