En días recientes, la presidenta ha incurrido en una serie de desatinos, según la columna de Mario Carbonell. El autor sostiene que alguien no le está informando lo que debiera saber.
El episodio más reciente ocurrió en Querétaro, durante la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial. Carbonell dice que el secretario de Seguridad de Querétaro, Iován Elías Pérez, reconoció que el centro está concebido para recibir capacitación especializada de agencias de los Estados Unidos.
La presidenta cuestionó después que el gobierno federal se enterara por declaraciones en vivo de un funcionario local. El columnista afirma que eso no era exacto, porque sí hubo representantes federales en el acto. Menciona al general Aldo Raúl Gómez Quintero, al capitán David Valadez Arenas y al delegado en Querétaro de la FGR, Javier Rodríguez Uribe.
Carbonell añade que el gobierno de Querétaro informó a la cancillería mediante una misiva del gobernador Kuri, del 23 de septiembre, dirigida al canciller Roberto Velasco. Relaciones Exteriores dijo que ese oficio solo informó de la visita del embajador.
El columnista también cita otros tropiezos. Menciona a la senadora Jasmine Bugarín, quien, según él, tenía nacionalidad estadounidense mientras buscaba la virtual candidatura al gobierno de Nayarit. Y recuerda la ley aprobada por Sheinbaum que prohíbe la doble nacionalidad para candidatos a gobernador.
El cierre más duro lo reserva para el caso del supuesto «megadecomiso histórico de huachicol» en Guanajuato. Carbonell señala que la empresa dueña de las instalaciones sostiene que toda la gestión es legal. Añade que Omar García Harfuch reconoció que la investigación aún no concluía y que todavía revisaban si todo estaba en el marco de la ley.
La lectura política es clara. En Palacio Nacional, los errores de información ya no son menores. Cuando el aparato estatal falla, la presidenta queda expuesta y el costo lo paga la credibilidad del gobierno.
Y cuando el poder central improvisa en temas sensibles, la consecuencia no es solo un tropiezo público. También queda en duda el control real sobre seguridad, legalidad y coordinación federal.