ARGENTINA (Pulso) — Confirmado. El mercado laboral argentino sigue sin generar empleo formal de calidad.
Según el Indec, la tasa de informalidad llegó al 45% de los ocupados en el segundo trimestre de 2026. Frente al 43,2% del mismo período de 2025, subió 1,8 puntos en un año.
El presidente Javier Milei y sus funcionarios sostienen que se crearon 500.000 puestos desde el inicio de la gestión. El Indec refrenda la cifra. Pero el desglose cambia la lectura. Entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de este año, se generaron 491.000 puestos no asalariados y 191.000 asalariados no registrados. En el mismo lapso, se perdieron 172.000 puestos registrados.
Con el último dato del SIPA, de agosto, se contabilizan unos 386.200 puestos asalariados registrados menos desde la llegada de Milei al Gobierno.
Equilibra compara noviembre de 2023 con junio de 2026. El empleo asalariado formal total baja de 10,305 millones a 9,950 millones: 355.000 puestos menos. En el sector privado, la caída es de 247.000. La industria pierde 89.000, la construcción 63.000 y el comercio 15.000. El empleo público cae en 88.000 y el servicio doméstico en 20.000. Agro, minería y energía suman apenas 4.000.
Osvaldo Giordano, de la Fundación Mediterránea, ubica el problema en varias décadas. Lo describe como «estructural» y lo resume en «decadencia». Según él, pesan el crecimiento insuficiente, la baja inversión, la calidad educativa y la escasez de vivienda.
Manuel Mera, de Cippec, coincide en que el problema es anterior a esta administración. Dice que el asalariado formal «está plano hace muchos años». Reconoce que la reforma laboral ordena aspectos jurídicos, pero advierte que «por sí sola no genera puestos».
Gonzalo Carrera, de Equilibra, señala que la producción no primaria explica el grueso del empleo formal. Los sectores primarios aportan 7% del empleo total. Industria y comercio concentran 38% de los asalariados formales; con transporte y comunicación, llegan al 50%.
Guido Zack, de Fundar, agrega que los sectores exportadores son intensivos en capital y generan poco empleo.
Para el contribuyente, el dato importa. Menos asalariados registrados significan menos aportes al sistema previsional y más presión sobre las cuentas públicas. Para el trabajador, la informalidad implica menos protección y menos previsión. El empleo estatal que se pierde reduce el gasto, pero ese ajuste no reemplaza el trabajo privado que hace falta.
El debate de fondo es si una economía que crece con capital y no con trabajo puede sostener el empleo formal. La respuesta de los especialistas apunta a reglas de inversión, educación y vivienda, más allá de cualquier reforma puntual.



