EL SALVADOR (Pulso) — Más de 2.000 soldados de El Salvador llegaron a Haití el mes pasado. Según el presidente Nayib Bukele, el despliegue comenzó como una operación de rescate de cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde una emboscada el 18 de octubre.
Los cuatro no participaban en combate. Desaparecieron durante un ataque a un vehículo de la Fuerza de Represión de las Pandillas (GSF), integrada por tropas internacionales autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. La Policía Nacional de Haití informó el 4 de noviembre que encontró los restos calcinados del vehículo. Hasta ahora no hay noticias de su paradero.
El despliegue derivó en una ofensiva abierta. Según la cadena, las fuerzas salvadoreñas anunciaron la destrucción del cuartel general de la banda 400 Mawozo y de la llamada Casa de la Muerte. También difundieron imágenes de ataques con helicópteros contra el palacete del líder pandillero Jeff Gwo Lwa, cabecilla de Canaan.
En esas acciones participan también la Policía y el Ejército haitianos, la GSF y la empresa privada Vectus Global, dirigida por el estadounidense Erik Prince. Pero, según la fuente, el contingente salvadoreño se lleva el mayor protagonismo.
La ONU documentó 4.595 víctimas mortales atribuidas a la violencia de pandillas en Haití solo en los primeros nueve meses del año. En ese contexto, miles de personas salieron a las calles de Puerto Príncipe y otras ciudades para respaldar la misión. Un vendedor ambulante resumió el sentimiento: «Bukele es un aire de esperanza».
Sam Vigersky, investigador del Council on Foreign Relations (CFR), escribió que el envío de tropas salvadoreñas en dos semanas superó lo que la misión respaldada por la ONU movilizó en más de un año. Según Vigersky, eso despertó en muchos haitianos un sentimiento largamente ausente: esperanza.
La fuente también recoge críticas. Organismos de derechos humanos y algunas ONG advierten sobre un aumento de la violencia desde que se intensificó la guerra contra las bandas, sobre la falta de claridad en los objetivos y sobre quién tiene el mando de las operaciones.
La lectura de esta casa es clara. Un despliegue militar de este tamaño, financiado con presupuesto público salvadoreño, exige rendición de cuentas. Cuando los objetivos cambian en el camino y no está claro quién manda, el contribuyente paga sin saber qué compra. Un Estado que combate pandillas con soldados fuera de sus fronteras debe explicar costos, mandos y resultados. Lo que se ve hoy es un gobierno que convierte una misión de rescate en escaparate político.


