COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. El expresidente Gustavo Petro denunció en X que le habrían quitado los carros blindados asignados a su esquema de seguridad.
Según Petro, esos vehículos fueron destinados a la escolta del presidente Abelardo de la Espriella y a generales de la Policía. «Al gobierno no le importa un atentado contra mí», escribió.
La denuncia surgió tras una aclaración del vocero del Gobierno, Miller Soto. Según Soto, Lucía de la Espriella, hija del mandatario, fue trasladada en una embarcación de la Armada Nacional durante el Festival Náutico de Cartagena, el 14 de noviembre. Soto dijo que la movilización respondió a motivos de seguridad, porque el Decreto 1066 de 2015 incluye al presidente y a su núcleo familiar entre las personas protegidas.
En desarrollo. Consultada por Infobae Colombia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) aseguró que, hasta el momento, no se ha hecho ningún cambio en los esquemas de seguridad.
La denuncia no quedó aislada. La exsenadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, dijo que a otros dirigentes del movimiento también les habrían retirado sus esquemas. Según Pizarro, algunos tienen antecedentes de atentados y amenazas. Citó el artículo 30 de la Ley 1909 de 2018, que obliga al Gobierno a estructurar programas de protección para la oposición, y pidió el acompañamiento de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
La congresista Kamelia Zuluaga también advirtió sobre el presunto retiro de esquemas a altos funcionarios del gobierno de Petro. Preguntó si se trata de una retaliación.
Esto es lo que se sabe: hay denuncias de varios dirigentes del Pacto Histórico. No hay, según la UNP, cambios confirmados.
La lectura de fondo es el costo del esquema de protección. Los blindados son bienes pagados con dinero de los contribuyentes. Si su asignación cambia por decisiones políticas, el problema no es de color partidario: es de reglas claras sobre quién paga la seguridad y con qué criterios. Un Estado que reparte vehículos según la lealtad de turno erosiona la confianza en las instituciones.
El principio en juego es el de la protección igual ante la ley y el uso transparente de los recursos públicos. Para el lector que valora la libertad y el orden, la pregunta clave es si la seguridad se asigna por norma o por conveniencia. La UNP tendrá que demostrar, con registros, qué vehículos están asignados hoy y a quién.



