ESPAÑA (Pulso) — Ceuta desbordada. Al menos 60.000 inmigrantes llegaron desde Marruecos en menos de 48 horas. El Ejército y la Guardia Civil fueron desplegados. Cuarenta y un personas fallecieron al intentar cruzar ilegalmente.
Los centros de recepción colapsaron. La presión sobre las fuerzas de seguridad se volvió insostenible. Una ciudad de 83.000 habitantes recibió en horas una cantidad de inmigrantes equivalente a gran parte de su población.
Reacción europea en cadena. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció que analiza medidas extraordinarias. Entre ellas, la suspensión temporal del Espacio Schengen con España. «Las imágenes procedentes de Ceuta demuestran que la inmigración ilegal descontrolada representa una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas», sostuvo, según la fuente.
El canciller italiano Antonio Tajani respaldó esa posición. Afirmó, según el documento, que las políticas de Madrid favorecen el tráfico ilegal de personas.
Finlandia se sumó. La ministra del Interior, Mari Rantanen, sostuvo que España «ha fracasado completamente en proteger la frontera exterior del área Schengen».
Dinamarca también. La primera ministra Mette Frederiksen pidió a la UE estudiar todas las alternativas, incluida la suspensión de España en Schengen.
Suecia elevó el tono. El primer ministro Ulf Kristersson exigió que Madrid «recupere el control» de Ceuta.
Francia actuó de forma directa. El ministro del Interior Laurent Nuñez anunció el refuerzo inmediato de controles en la frontera con España.
Sánchez en Ceuta. El presidente Pedro Sánchez y el ministro Fernando Grande-Marlaska viajaron a la ciudad autónoma. Decenas de manifestantes los recibieron con gritos de «Sánchez, dimisión». Los abucheos se repitieron al retirarse del Palacio de la Asamblea.
La Comisión Europea anunció asistencia financiera, técnica y operativa mediante Frontex. El comisario Magnus Brunner afirmó que proteger las fronteras exteriores es prioridad para Bruselas.
Lectura editorial. Cuatro gobiernos europeos cuestionan simultáneamente a un Estado miembro por su gestión fronteriza. Eso no tiene precedente reciente. El coste político y económico de la crisis recae sobre los contribuyentes españoles y europeos. El aparato estatal de Sánchez no logró contener el desborde; ahora son sus socios los que amenazan con medidas unilaterales. La soberanía de las fronteras —principio elemental del orden— vuelve al centro del debate continental.
