CHILE (Pulso) — Confirmado: la Corte Suprema ordenó al Ministerio de Justicia acoger o rechazar, a la brevedad, una solicitud de rebaja de pena.
El fallo se dictó el martes 17 de noviembre. Corresponde a Víctor Manuel Alarcón Torres, condenado por violación de una menor de edad.
El contexto es delicado. El gobierno suspendió de forma general los decretos de reducción de condenas. Mientras tanto, avanza la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.
El jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, sostiene que el tribunal desmonta el argumento central del secretario de Estado. Según Leiva, el ministro tiene facultad legal propia para decidir.
«La Corte Suprema hoy le ha dicho al ministro Rabat que él tiene la facultad legal de acoger o rechazar la rebaja de condena», afirmó el parlamentario.
Leiva contrasta ese punto con lo expuesto en la Cámara. Según recordó, Rabat había planteado que su función se limitaba a ratificar lo resuelto por las comisiones.
El diputado añadió que el fallo es un insumo que desvirtúa las alegaciones del ministro. Para él, esas alegaciones lo obligaban a tomar una decisión.
La lectura de la casa es clara. Cuando el Estado decide liberar a un condenado, el costo recae sobre la sociedad. Quien decide debe responder por esa decisión, y la responsabilidad no puede diluirse en comisiones.
El caso pone sobre la mesa una pregunta de fondo: quién responde ante el ciudadano cuando la burocracia estatal autoriza beneficios a delincuentes sexuales contra menores. La respuesta no admite ambigüedades.



