BRASIL (Pulso) — Confirmado. El Senado de Brasil aprobó este miércoles el plan de ajuste fiscal del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La votación fue de 45 a 31.
El objetivo es controlar la deuda y tranquilizar al mercado. Lula ganó las elecciones de octubre con promesas de más subsidios y perdón de deudas a microempresarios. Mientras tanto, la deuda pública supera el 80% del PIB y sigue creciendo.
El ahorro previsto es de hasta 56.000 millones de reales, unos 9.500 millones de dólares, en 2027. Parte de ese ahorro sale de un menor gasto en salud y educación. Ese recorte es el que más preocupa a quienes pagan la cuenta.
El gobierno no aceptó algunos reclamos del mercado. No alteró el cálculo del salario mínimo ni de las pensiones, que en Brasil suben cada año por encima de la inflación. Lula lo defendió así: «No es posible hacer ajustes perjudicando al pueblo trabajador, perjudicando el salario mínimo».
El mercado no quedó convencido. Jason Vieira, economista de la corredora Lev DTVM, dijo a la AFP que el ajuste «no es suficiente». Según él, corregir la trayectoria de la deuda exigiría un recorte de 73.200 millones de reales, unos 12.500 millones de dólares.
El plan también recorta las transferencias del gobierno federal a los gobiernos locales y elimina algunas exenciones tributarias. Además, excluye parte de los ingresos petroleros del cálculo de los presupuestos de salud y educación, que la Constitución fija en 15% y 18% de los ingresos totales del Estado.
La aprobación se da mientras el real brasileño cae a su nivel más bajo en casi dos años. El diputado oficialista Lindbergh Farias, de la propia base de Lula, advirtió que el recorte puede llevar a una recesión. Otra voz crítica es la de Mauro Rochlin, economista de la Fundación Getulio Vargas, quien calificó el ajuste como «un paño de agua tibia» frente al problema estructural de la deuda.
El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados.
Lectura editorial: Un ajuste que recorta salud y educación para sostener un gasto público creciente es un mal mensaje para el contribuyente. Quien paga la factura es el ciudadano, con menos servicios y una moneda debilitada. Para los defensores de la libre empresa, el problema de fondo no se resuelve con recortes parciales ni con subsidios electorales, sino con reglas fiscales que contengan el aparato estatal. Mientras la deuda siga por encima del 80% del PIB, la confianza del mercado seguirá en duda.



