COLOMBIA (Pulso) — El presidente Abelardo De La Espriella desmintió un artículo del New York Times que aseguraba que Colombia había rechazado un plan de cooperación con Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo.
Confirmado. El mandatario calificó la información de falsa. «NO HE RECHAZADO NINGUNA PROPUESTA DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP», escribió.
El diario estadounidense afirmaba que el mandatario había declarado en Washington que apoyaba la colaboración con el Pentágono, pero que carecía de los votos necesarios en el Congreso para aprobarla. De La Espriella respondió de inmediato.
Según el presidente, la relación bilateral es sólida. «Colombia y Estados Unidos mantienen una cooperación sólida y cada vez más estrecha en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra los carteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas».
El punto central de su postura es el tipo de apoyo que solicita. Según dijo, Bogotá pide fortalecer capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de la Fuerza Pública. No pide la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano.
El mandatario también afirmó que esa presencia sería competencia del Congreso de la República. Además, sostuvo que las Fuerzas Militares son profesionales y experimentadas, pero necesitan más herramientas, tecnología y recursos.
De La Espriella cerró con una advertencia sobre el procedimiento: «Cualquier decisión se adelantará respetando nuestra Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales correspondientes».
Lectura editorial. El caso tiene un costo para el contribuyente que vale la pena seguir de cerca. Cada herramienta, equipo y recurso que demanda la Fuerza Pública sale del presupuesto nacional, y el mandatario plantea que esa inversión debe ir a capacidades propias, no a una presencia militar extranjera. La distinción importa: preserva la soberanía y deja el control de las decisiones en manos del Congreso y de la ley colombiana. Para el lector que defiende el orden y el estado de derecho, la prioridad es clara: combatir el narcotráfico con instituciones fuertes y reglas respetadas. Lo que quedará por verse es si la cooperación técnica que el gobierno describe se traduce en resultados medibles en el terreno.



