GUATEMALA (Pulso) — Confirmado. La construcción de la Cárcel El Triunfo, en Izabal, superó el 23% de avance.
Según el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, quedan por concluir el movimiento de tierras y las plataformas. Después llegará la fase constructiva.
En desarrollo. El Ministerio de la Defensa prevé iniciar la fase estructural en dos o tres semanas. Hace unos meses, la fecha era enero de 2027.
El retraso tiene una causa concreta. Un amparo promovido desde la Municipalidad de Morales obligó a suspender los trabajos. Según Sáenz, esa medida costó entre tres y cuatro meses. La Corte de Constitucionalidad autorizó después la continuación de las obras.
Las lluvias también frenaron el avance. El ministro reconoció episodios de fuerte intensidad sobre el suelo.
El proyecto tendrá capacidad para más de 2 mil privados de libertad, incluidos internos de alta peligrosidad. La meta oficial es entregar el complejo al Ministerio de Gobernación a finales de 2027. Las autoridades prevén que sea el primer recinto de máxima seguridad construido en Guatemala en más de 40 años.
El diseño incluye paredes de hormigón fundido y tres anillos de seguridad. El primero queda a cargo de la Defensa Nacional, el segundo de la Policía Nacional Civil y el tercero de una nueva guardia penitenciaria.
El terreno pertenecía a la finca El Triunfo. Pasó al Estado por la Ley de Extinción de Dominio, tras vincularse la propiedad al narcotraficante Mario Ponce. La resolución la emitió el Juzgado de Extinción de Dominio, donde el actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, actuó como juez.
Lectura editorial. Una obra pública que acumula meses de atraso y reprogramaciones es, en el fondo, dinero de los contribuyentes esperando en una zanja. Cada mes de demora encarece el proyecto y prolonga el gasto de un aparato estatal que todavía no entrega resultados. El objetivo de reducir el hacinamiento es legítimo. Pero la pregunta que debe hacerse el lector es cuánto cuesta cada semana de retraso y quién responde por ella.
El caso también recuerda que la seguridad pública depende de cumplir plazos y presupuestos. Un penal que se entrega tarde no libera espacio en las cárceles ni fortalece el estado de derecho. Solo prolonga la espera de una solución que la ciudadanía ya paga.



