COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. La Corte Suprema de Justicia aplazó la indagatoria de Gloria Arizabaleta.
La diligencia estaba prevista para el miércoles 30 de septiembre de 2026, a las 9:00 a.m. Ahora quedó para el 7 de octubre, en el Palacio de Justicia, en Bogotá. La decisión llegó tras una petición del abogado Mario Iguarán, defensa de la excongresista.
Fuentes al interior del proceso confirmaron que la Sala de Instrucción aceptó el pedido. Iguarán argumentó que hace poco asumió la defensa y necesitaba más tiempo para conocer el caso.
Arizabaleta, exintegrante de la Comisión de Acusación, deberá asistir ese día a la indagatoria formal. Allí conocerá los motivos de la investigación, podrá dar explicaciones y ejercer su defensa.
La excongresista es investigada por concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto. El caso surge después de que ordenó suspender de su cargo al entonces presidente Gustavo Petro.
Esa decisión también provocó una actuación de la Procuraduría General de la Nación. El ente la suspendió del cargo y le abrió una investigación disciplinaria por presunta extralimitación de funciones.
En su auto, la Procuraduría señaló que la medida afectó derechos derivados de la participación democrática. También dijo que la limitación al primer mandatario se adoptó sin competencia y formalidades legales debidas.
Arizabaleta, en entrevista con SEMANA, justificó su decisión. Dijo que tenía elementos probatorios suficientes sobre supuestas conversaciones entre Pipe Tuluá y Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro.
El caso deja una señal incómoda para la institucionalidad. Cuando el poder se usa sin límites claros, el costo cae sobre la seguridad jurídica y sobre el equilibrio entre autoridades.
También queda un mensaje sobre el aparato estatal. La disputa no solo toca a una excongresista. Toca el respeto por la competencia legal y por las reglas que protegen la función pública.
