CHINA (Pulso) — Un tribunal de Changzhou condenó a muerte al ex funcionario Yang Youlin. El cargo: aceptar sobornos por más de 2.200 millones de yuanes —unos 325 millones de dólares— a lo largo de tres décadas.
Yang, de 69 años, ocupó diversos cargos en la administración de Nanjing entre 1993 y 2023. Según la sentencia, usó su autoridad para favorecer empresas y particulares en contratos de ingeniería, transferencias de terrenos y acceso a financiación.
Además del soborno, el tribunal lo declaró culpable de malversación, abuso de poder y lavado de dinero. Calificó los hechos como «extremadamente graves» y sostuvo que las pérdidas para el Estado fueron de enorme magnitud.
Yang se declaró culpable, expresó arrepentimiento y colaboró con las autoridades. El tribunal concluyó que esa cooperación era insuficiente para reducir la condena debido a la magnitud de los delitos cometidos.
El caso se enmarca en la campaña anticorrupción de Xi Jinping, activa desde 2012. Antecedentes recientes: en 2021, el ex director financiero Lai Xiaomin fue ejecutado tras ser condenado por sobornos de unos 1.800 millones de yuanes. En 2024, el ex funcionario Li Jianping fue ejecutado por delitos de corrupción y malversación superiores a los 3.000 millones de yuanes.
Organizaciones de derechos humanos, especialistas en política china y varios gobiernos occidentales han cuestionado la falta de independencia del sistema judicial. Sostienen, según recoge la fuente, que la campaña también ha servido para apartar a figuras consideradas rivales políticos de Xi y reforzar su control sobre el aparato estatal.
Desde Pulso Global, el cuadro es nítido. Un sistema de partido único donde el Partido Comunista mantiene control sobre fiscales y tribunales —según documenta la propia fuente— no garantiza procesos independientes. Las ejecuciones de alto perfil son señales de poder político centralizado. Los detractores de Xi, citados en la fuente, advierten que sin prensa libre, sin jueces independientes y sin fiscalización real, las purgas periódicas no sustituyen las reformas estructurales. El libre mercado y el Estado de derecho son, históricamente, los contrapesos que reducen la corrupción sistémica; las campañas selectivas, no.
