ESPAÑA (Pulso) — Ceuta atraviesa una crisis de orden público. Miles de inmigrantes ilegales de origen marroquí ingresaron masivamente a la ciudad. El detonante desató protestas, incidentes callejeros y el cierre de comercios.
Cientos de residentes se movilizaron hacia la Delegación del Gobierno. Los manifestantes corearon consignas contra la política migratoria. Exigieron control inmediato de las fronteras y denunciaron lo que describieron como una «invasión migratoria» sin precedentes.
Se registraron incidentes entre residentes españoles y marroquíes en las calles. Según la fuente, un ciudadano español gritó insultos directamente a los recién llegados. No se trató de una confrontación generalizada, sino de episodios puntuales documentados.
Comerciantes y grandes cadenas cerraron sus establecimientos. El temor a posibles saqueos o disturbios motivó la medida, según la fuente.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, exigió la declaración de «emergencia nacional» y el despliegue inmediato del Ejército. El gobierno de Pedro Sánchez rechazó la solicitud.
Circularon videos en redes sociales. En las imágenes, algunos recién llegados celebraban su ingreso y coreaban consignas políticas a favor de Pedro Sánchez, según la fuente. El contenido incrementó la tensión entre la población local.
La Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE local, pidió el cierre de la frontera del Tarajal. El gobierno central rechazó medidas estrictas y mantuvo su postura diplomática con Marruecos.
Lectura de la casa. El aparato estatal central bloquea las herramientas que los propios representantes locales —incluso los del partido gobernante— consideran urgentes. El resultado es predecible: el costo del desorden lo pagan los ciudadanos y los comerciantes de Ceuta, no los funcionarios de Madrid. Cuando el gobierno de un país niega a una ciudad en crisis el uso legítimo de la fuerza pública, no ejerce moderación. Abdica.
