COLOMBIA (Pulso) — El senador Iván Cepeda denunció este lunes el ingreso y despliegue de tropas e infraestructura militar de Estados Unidos en Colombia.
Dijo que no existió aprobación previa del Congreso. También señaló que no fue consultado sobre el ingreso y permanencia de tropas extranjeras.
Cepeda afirmó que la intervención se produjo sin la autorización del Senado. Citó el artículo 173 numeral 4 de la Constitución.
La denuncia se apoya en sobrevuelos de helicópteros del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Tumaco, Nariño. Esos movimientos quedaron registrados el 27 de agosto. Luego fueron ratificados por material gráfico del Comando Sur de EE. UU. (Southcom).
Las maniobras coincidieron con un encuentro en Tumaco entre Francis Donovan, jefe del Comando Sur, y Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa colombiano. El objetivo fue coordinar la interdicción del narcotráfico y el crimen organizado en la costa del Pacífico.
Antes de eso, la delegación militar estadounidense se reunió en Bogotá con la cúpula de las Fuerzas Militares. Allí evaluó operaciones antinarcóticos en zonas limítrofes con Ecuador.
El despliegue coincidió con la incorporación formal de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles, A3C. Esa iniciativa fue promovida por la administración estadounidense.
El fondo del caso no es menor. Cuando el Estado mueve tropas y equipos, debe existir control institucional claro. Sin ese aval, el poder ejecutivo debilita la confianza en las reglas.
También está en juego la soberanía y el papel del Senado. La seguridad no puede convertirse en atajo para saltarse la Constitución. El orden exige autoridad, pero también límites precisos.
