REINO UNIDO (Pulso) — Ann Widdecombe, exministra conservadora y dirigente de Reform UK, fue hallada muerta en su domicilio la semana pasada. Tenía 78 años. Un hombre británico permanece detenido. La investigación continúa.
El partido de Nigel Farage respondió de inmediato. Zia Yusuf, responsable de asuntos internos de Reform UK, convocó una conferencia de prensa. Allí rindió homenaje a Widdecombe y reclamó protección permanente para todos los parlamentarios.
Según Yusuf, el nivel de amenazas contra representantes políticos ha aumentado en los últimos años. Sostuvo que cada legislador debería tener acceso a seguridad las 24 horas si así lo desea, sin importar su partido.
Yusuf afirmó además que, si Reform UK llega al Gobierno tras las próximas elecciones, impulsará ese programa. También contemplaría protección para exdirigentes activos en la vida pública.
El mismo día, la Policía Metropolitana informó la detención de un hombre acusado de enviar amenazas de muerte contra Farage. Según Yusuf, Farage y otros miembros de Reform UK han recibido numerosas amenazas en los últimos meses.
El Reino Unido ya había reforzado protocolos tras dos asesinatos previos. La diputada laborista Jo Cox fue asesinada en 2016. El parlamentario conservador David Amess cayó en 2021. Entre las medidas adoptadas figuran botones de emergencia en oficinas y asignación de personal de seguridad.
El asesinato de Widdecombe devuelve el debate al centro de la política británica.
Pulso Global observa lo evidente: el Estado no protegió a una de sus figuras públicas más reconocidas. Tres asesinatos de legisladores en menos de una década revelan una falla estructural, no un incidente aislado. La propuesta de Reform UK —seguridad garantizada para quien la solicite— es la respuesta lógica de un partido que exige al aparato estatal cumplir su función más básica: proteger la vida. El debate sobre quién gobierna el Reino Unido también pasa por esto.
