ARGENTINA (Pulso) — El gobierno de Javier Milei denunció este lunes vuelos «no autorizados» entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile. Señaló a la empresa Thales UK Limited y a una aeronave con matrícula del Reino Unido.
La Oficina del Presidente informó que detectó esas operaciones «sin autorización de las autoridades argentinas». Por eso, Milei ordenó a sus equipos iniciar «de forma urgente» procedimientos sancionatorios y denuncias penales. También pidió gestiones diplomáticas.
El anuncio se suma a otras medidas en la disputa con Reino Unido por las Malvinas. Argentina instruyó a la Cancillería y a sus equipos jurídicos a iniciar un arbitraje internacional. El objetivo es intentar impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto Sea Lion.
Buenos Aires, además, intimó formalmente al Reino Unido a detener en dos semanas el inicio o la continuidad de actividades vinculadas con esa explotación. Si no cumple, Argentina dijo que pedirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar sus derechos soberanos sobre la Plataforma Continental.
La administración de Milei sostuvo que la explotación unilateral de recursos naturales en Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur contradice el derecho internacional. También reiteró que Naciones Unidas reconoce una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido.
La lectura política es clara. Milei endurece la defensa del reclamo argentino y traslada el conflicto al plano jurídico y diplomático. Para su gobierno, la soberanía no admite ambigüedades ni explotación de recursos ajenos.
También hay un mensaje hacia Londres y hacia las empresas que operan en la zona. Argentina busca subir el costo de cualquier avance sobre un territorio cuya soberanía reclama. En este caso, el Estado argentino apuesta por la presión legal, no por la pasividad.
