COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. Geovany Andrés Rojas, alias «Araña», tendrá este lunes 28 de septiembre su primera audiencia en Estados Unidos.
La diligencia será ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, en San Diego. Allí enfrenta dos cargos por narcoterrorismo y conspiración internacional para distribuir cocaína, según la información citada por la DEA.
El documento de extradición del caso N° 25cr442H señala que, entre enero de 2017 y febrero de 2025, la organización que habría comandado coordinó despachos de cocaína hacia Estados Unidos por una ruta que pasa por México. También cobraba una especie de impuesto a otros narcos en Putumayo, Caquetá y Nariño.
Uno de esos cargamentos, de 1.500 kilos de cocaína, fue incautado por la Armada de México en marzo de 2024.
La fuente añade que Rojas fue reconocido por el gobierno de Gustavo Petro como negociador de paz en febrero de 2024. Después, el CTI de la Fiscalía lo capturó el 12 de febrero de 2025, en coordinación con el Ejército.
La Fiscalía dijo que actuó tras una notificación roja de Interpol. Luego, el presidente Gustavo Petro se negó a firmar la solicitud de extradición, y el trámite quedó congelado hasta el cambio de gobierno. El nuevo mandatario, Abelardo de la Espriella, autorizó el procedimiento y estuvo en la entrega a la DEA.
En la audiencia de hoy no se resolverá el fondo del proceso. El juez Steve B. Chu notificará oficialmente los cargos y preguntará si Rojas se declara inocente o culpable.
Fuentes de su defensa, citadas por El Tiempo, indicaron que estaría interesado en firmar un acuerdo de culpabilidad para obtener beneficios judiciales.
En Estados Unidos, el cargo de narcoterrorismo parte de menos de 20 años y puede llegar a cadena perpetua. La conspiración internacional para distribuir cocaína tiene una pena mínima de 10 años y máxima de prisión de por vida.
Para Colombia, el acuerdo vigente con Estados Unidos fija un tope de 60 años para un extraditado. Ese límite refleja una realidad incómoda: el Estado termina pagando el costo de redes que siguen operando mientras se discute paz.
El caso también deja una lección política. Negociar con estructuras armadas no puede convertirse en blindaje para jefes señalados de narcotráfico. El orden, la seguridad y la credibilidad institucional dependen de que la ley no se subordine a la mesa de diálogo.