COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. Geovany Andrés Rojas, alias Araña, fue extraditado el 25 de septiembre a Estados Unidos.
El señalado cabecilla de los Comandos de la Frontera debe responder ante una corte de San Diego. Allí enfrenta cargos de narcoterrorismo y conspiración para distribuir cocaína.
La primera comparecencia estaba prevista para las 2:00 de la tarde del 28 de septiembre. El caso quedó en manos del juez magistrado Steve B. Chu.
Su defensa confirmó que buscará una salida negociada con las autoridades. También dijo que no pretende llevar su responsabilidad penal a un juicio.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que la investigación nació de un trabajo de largo plazo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.
Según esa investigación, los Comandos de la Frontera obtenían beneficios del cultivo y producción de cocaína en el suroeste de Colombia. También ejercían control territorial mediante armas y violencia.
La acusación ubica a Rojas como uno de los principales líderes de la organización. La Fiscalía estadounidense dice que puede enfrentar una pena de hasta cadena perpetua.
Su llegada a Estados Unidos ocurrió tras aproximadamente un año y medio privado de la libertad en Colombia. Su captura ocurrió mientras avanzaban conversaciones con el Gobierno colombiano dentro de la política de «Paz Total».
A comienzos de 2025, las autoridades determinaron que Rojas habría continuado con actividades delictivas pese a su condición de negociador. Esa situación afectó el proceso y derivó en su captura y extradición.
La defensa cuestionó el manejo de la negociación durante el gobierno de Gustavo Petro. También pidió que se respete el debido proceso y que su disposición a colaborar sea tenida en cuenta.
El caso vuelve a poner en evidencia el costo institucional de las concesiones mal calibradas. Cuando la negociación se mezcla con estructuras armadas y narcotráfico, el resultado suele ser más riesgo para la ley y menos certeza para el ciudadano.
Aquí el principio en juego es simple: la justicia no puede ceder ante quienes usan la violencia como poder. El orden, la propiedad y la seguridad exigen reglas claras, no atajos políticos.