VENEZUELA (Pulso) — North American Blue Energy Partners (NABEP) recibió concesiones por 100 años sobre 17 campos petroleros en Venezuela. Según la Casa Blanca y la propia empresa, esos campos contienen alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, cifra no certificada.
El Gobierno de Estados Unidos obtiene 35% de la matriz corporativa. Suma derechos preferenciales sobre la producción y poder de veto sobre el directorio, según el acuerdo.
NABEP afirma que elevó su producción de 18.000 a más de 200.000 barriles diarios. Son cifras no auditadas. La empresa dice haber invertido cerca de USD 1.000 millones de capital propio. Ahora anuncia planes por USD 100.000 millones para superar el millón de barriles diarios.
David Morán Bohórquez, exfuncionario del Ministerio de Hacienda venezolano durante la Apertura Petrolera de los años noventa, cuestiona el salto. Según su análisis, publicado en lapatilla.com, pasar de USD 1.000 millones a USD 100.000 millones equivale a una expansión de 100 veces el capital base.
Morán Bohórquez pregunta si NABEP podría levantar esa suma en mercados internacionales sin el respaldo político de Washington. También señala que el Gobierno estadounidense asegura que su 35% no tiene «costo para el contribuyente», pero eso no implica ausencia de riesgo.
El análisis no certifica cifras de reservas ni de inversión. Trabaja con los números que, según el autor, «tiene por ahora el mercado».
El fondo del planteamiento importa más allá de Venezuela. Cuando un Gobierno entra como socio accionario en un proyecto privado a cambio de garantías implícitas, el costo de capital deja de reflejar solo riesgo geológico o comercial. Empieza a depender de decisiones políticas en Washington y Caracas, sujetas a cambios de administración durante las próximas cuatro décadas.
Si el mercado no puede financiar el proyecto sin ese respaldo estatal, la pregunta relevante no es si Venezuela tiene petróleo —lo tiene, con bajo riesgo geológico tras un siglo de actividad—, sino cuánto de la operación depende en realidad del balance soberano de Estados Unidos y no de la fortaleza del negocio.
