USA (Pulso) — El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela, anunciado por Donald Trump, abrió una disputa política en el sur de Florida. Según CNBC, la Casa Blanca lo presentó como una operación de seguridad energética y reactivación económica.
El pacto contempla el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas. Eso equivale a una quinta parte del total declarado por Venezuela.
Funcionarios de la administración republicana sostienen que la economía venezolana debe estabilizarse antes de una elección presidencial. No hay fecha confirmada para los comicios en Caracas.
La líder opositora María Corina Machado cuestionó los términos del acuerdo. En una declaración del 3 de septiembre, afirmó que el país necesita inversión, pero que la reconstrucción solo será sostenible con «la legitimidad y estabilidad que aporta un gobierno serio y democrático». Reclamó conocer garantías, mecanismos de financiamiento y beneficios para la población venezolana.
La controversia llegó al Distrito 27 de Florida. El demócrata Eliott Rodriguez, según Politico, acusó a la republicana María Elvira Salazar de negociar con «el régimen de Maduro» a través de su propio partido. Salazar cuestionó primero el acuerdo, luego difundió una postura más favorable, pero mantuvo el reclamo de elecciones.
La candidata demócrata al Senado, Angie Nixon, cuestionó además las deportaciones y el fin del TPS para venezolanos. Según USCIS, la extensión de ese permiso se mantiene hasta el 2 de octubre de 2026 por orden judicial.
El acuerdo dejó de ser solo un anuncio energético. Se convirtió en una variable central de la campaña que definirá el mapa político de Florida en noviembre.
La apertura petrolera puede ofrecer seguridad energética e inversión genuina, pero sin un calendario electoral claro, el riesgo es legitimar un poder sin origen democrático. La exigencia de Machado —transición antes que negocios— es la condición mínima para que la inversión no termine financiando la permanencia de un régimen sin mandato popular.
