COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. Álvaro Uribe pidió que su situación judicial no quede en el «limbo».
Dijo que quiere una decisión de fondo. Habló de una condena o una absolución. También afirmó: «Si yo hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente».
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra el expresidente. La pesquisa se relaciona con presuntos hechos de violencia durante su periodo como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.
La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema investiga la masacre de La Granja, ocurrida en 1996, la masacre de El Aro, de 1997, y el asesinato de Jesús María Valle, en 1998.
El expediente también incluye la presunta conformación de una estructura paramilitar en la hacienda Guacharacas. Para entonces, la propiedad estaba en manos de la familia Uribe.
El proceso está en un conflicto de competencias. La Fiscalía dice que debe seguir con la investigación. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara reclama el expediente por el fuero presidencial.
Esa disputa llegó a la Corte Constitucional. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez tiene la ponencia. La Corte deberá definir si el caso sigue en la Fiscalía o en la Cámara.
Uribe dijo que respetará la decisión de la Corte Constitucional. También sostuvo que el proceso ya estuvo varios años en la Comisión de Acusaciones.
La demora judicial siempre favorece la impunidad. Un caso con hechos tan graves no puede seguir atrapado entre despachos. El país necesita reglas claras y decisiones rápidas.
La propiedad, la vida y el orden público quedan debilitados cuando la justicia se estanca. Resolver el expediente no es un gesto político. Es una obligación del Estado.
