MEXICO (Pulso) — Confirmado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó gasolineras vinculadas al CJNG en México.
La información publicada por El Financiero cita sanciones de la OFAC y reportes periodísticos. Las autoridades estadounidenses detectaron operaciones en Jalisco, Veracruz y Michoacán.
El esquema descrito es claro. Los líderes del CJNG registraban las gasolineras a nombre de familiares, parejas sentimentales o empleados de confianza. Así, los negocios quedaban fuera del radar de las autoridades financieras.
Entre los nombres mencionados aparece Iván Cazarín Molina, también conocido como «El Tanque». Según la OFAC, controlaba una red que vendía combustible robado en 11 gasolineras. El combustible provenía de tomas clandestinas en Veracruz.
El caso de Audias Flores Silva, «El Jardinero», también quedó bajo sanción. Según la OFAC, mantenía control sobre una gasolinera llamada Petrocoda, aunque en papel pertenecía a su prima, Areli Medina Flores, y a Gabriel Serrano Magaña. Los registros citados por El Financiero señalan que la empresa se creó con 100 mil pesos.
El reporte añade que Serrano Magaña figura como socio en el acta de constitución. También indica que «El Jardinero» fue detenido en Nayarit el 27 de abril, en un operativo de la Secretaría de Marina y sin disparos, según informes oficiales.
El caso más reciente involucra a Heraclio Guerrero Martínez, «El Tío Lako». Tras la detención de Marisol «N» y Lourdes «N», hija y pareja sentimental del señalado, quedó al descubierto otra gasolinera, según una investigación de El Sol de México. Hasta ahora, ninguna autoridad señala formalmente a Gasolineras HG como parte del aparato financiero del CJNG.
La lectura es incómoda para el consumidor y para el Estado. La gasolina puede terminar alimentando estructuras criminales que operan detrás de fachadas legales. Eso exige vigilancia financiera real, no solo decomisos tardíos.
También queda otra alerta. Cuando el crimen convierte negocios formales en lavadoras de dinero, la competencia queda distorsionada. Pierden los empresarios legales, pierde el contribuyente y pierde el orden público.
