Confirmado. El Senado dio media sanción a un proyecto de ley sobre biocombustibles. El impulso legislativo llegó con críticas en redes y desde actores del sector agrícola.
Los cuestionamientos giran en torno a tres puntos. El costo fiscal. El uso de materias primas alimentarias. Y la lógica de exportar petróleo mientras se promueve etanol y biodiésel.
La nota pone el foco en otra idea. La política de biocombustibles funciona como herramienta agrícola e agroindustrial. Estados Unidos y Brasil, dice, la usan para sostener su cadena de valor.
Brasil, según la fuente, utiliza más de 22 millones de toneladas de maíz para producir etanol. Ocho años atrás no llegaba a procesar 2 millones. Para 2033, se estima que procesaría 38 millones.
La comparación con Argentina es dura. El país no llega a usar 2 millones de toneladas de maíz para bioetanol. Sus plantas, agrega, se cuentan con los dedos de la mano. Y el 66% de la producción nacional se exporta como grano.
La nota también marca una diferencia con Estados Unidos. Allí se exporta solo el 20% de la producción como grano. En Brasil, el 28 por ciento.
En soja, el argumento es similar. Brasil busca más aceite para biodiésel, más crushing y más harina de soja. Según el texto, ya casi exporta lo mismo que Argentina.
Sobre Estados Unidos, la nota cita a la Asociación de la Soja. Dice que aplaudió la decisión de Donald Trump de aumentar el mandato para el uso de aceite de soja en biodiésel y diésel renovable.
El cierre es claro. El proyecto aprobado por el Senado se queda corto. La fuente sostiene que el corte con biodiésel debería subir a 15 por ciento.
Eso, en su lectura, fortalecería el precio del aceite de soja argentino. Y daría más poder de compra a la industria aceitera. El beneficio iría a productores y a la cadena agroindustrial. El costo de seguir exportando grano, en cambio, queda en menos valor agregado y menos mercado local.
