ESTADOS UNIDOS (Pulso) — El gobierno de Donald Trump anunció este jueves nuevos aranceles de entre 10% y 12.5% a importaciones de 60 países y economías. La justificación oficial: una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso». La medida entró en vigor en la medianoche entre el jueves y el viernes.
El nuevo gravamen coincide con la expiración del arancel global temporal del 10% vigente hasta ese momento. Para Brasil, el golpe es doble: el miércoles ya había entrado en vigor un arancel del 25% por supuestas prácticas «desleales».
Según un análisis de Amcham Brasil, la carga acumulada sobre exportaciones brasileñas alcanzará 37.5%. El gobierno de Lula da Silva respondió con dureza. Acusó a Washington de «manipular un tema tan importante» ante la falta de fundamento legal interno para su política proteccionista. La presidencia brasileña anunció que iniciará «de inmediato los trámites para activar la Ley de Reciprocidad» aprobada por el Congreso el año pasado.
Chile dijo contar con «una sólida institucionalidad laboral» y anunció que negociará para ser excluido de la lista. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura chilena, Antonio Walker, advirtió que la medida afecta «la competitividad» exportadora y genera «incertidumbre para miles de productores y trabajadores».
Japón calificó la decisión de «lamentable». El portavoz gubernamental Minoru Kihara señaló que la industria nipona opera «de conformidad con las normas internacionales». Kihara confirmó que el acuerdo comercial bilateral alcanzado el año pasado permanece sin cambios.
El contexto legal es clave. En febrero, la Corte Suprema dictaminó que los aranceles indiscriminados de Trump eran inconstitucionales. Solo el Congreso puede aprobarlos. Trump reorientó la estrategia hacia tasas sustentadas en investigaciones previas del USTR, más difíciles de rebatir judicialmente.
Confirmado. La Casa Blanca eligió el terreno más sólido legalmente para relanzar su ofensiva arancelaria. El argumento del trabajo forzoso no es cosmético: blinda la medida frente a los tribunales. Para los países afectados, el margen de impugnación se estrecha. El libre comercio pierde otro tramo de certeza jurídica.
