ESTADOS UNIDOS (Pulso) — El gobierno de Donald Trump licitó la contratación de una empresa privada. Su misión: localizar a deportados en México, Honduras y Guatemala. El objetivo es cobrarles multas migratorias pendientes.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) publicó la convocatoria federal. El documento exige «una empresa registrada en Estados Unidos que pueda proporcionar servicios mejorados de localización de deudores en, como mínimo, México, Honduras y Guatemala», según el texto oficial.
CBP calcula que unos 66.387 inmigrantes ya expulsados o salidos voluntariamente tienen multas civiles sin pagar. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estimaba en julio una deuda total de 423 millones de dólares.
La sanción por incumplir una orden de expulsión asciende hoy a 998 dólares diarios. Fue fijada en 500 dólares en 1996 por la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Los ajustes por inflación explican el alza.
Una vez localizado el deudor, la empresa deberá notificarle el monto y gestionar el pago. Podrá aceptar pago completo, plazos u otra fórmula. El dinero puede provenir del propio inmigrante o de un tercero.
Para verificar la identidad, la firma podrá recopilar fotografías de la vivienda, facturas de servicios o registros laborales. Si el deudor ha fallecido, deberá obtener un certificado de defunción.
El gobierno ya opera con tres compañías de cobranza privadas. Pero ninguna opera fuera de territorio estadounidense. Hasta julio pasado, ninguna había localizado a un deudor en el extranjero, confirmó CBP.
Lectura editorial. La medida cierra un vacío real: 423 millones en deudas impagas representan obligaciones legales contraídas, no castigos arbitrarios. Extender el cobro al exterior aplica un principio elemental: quien incumple una norma responde por ello, sin importar dónde resida. El uso de la empresa privada, además, traslada el costo operativo fuera del aparato estatal. La pregunta pendiente es la coordinación soberana con México y los países centroamericanos. Sin cooperación local, la eficacia del esquema dependerá enteramente de la capacidad de rastreo privado.
