CUBA (Pulso) — La administración Trump anunció un nuevo paquete de sanciones contra el régimen cubano. Las medidas alcanzan a nueve entidades vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) y a dos funcionarios cubanos.
El secretario de Estado Marco Rubio anunció las restricciones. Según la fuente, las acciones buscan «responsabilizar a quienes participan en actividades represivas y en mecanismos para evadir sanciones internacionales».
Entre los sancionados figura el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. Washington lo señala por su papel en el programa de misiones médicas internacionales. Estados Unidos sostiene que ese programa opera mediante prácticas de explotación laboral.
Según el Departamento de Estado, las medidas incluyen congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense. También prohíben transacciones con ciudadanos y empresas de Estados Unidos.
Washington sostiene que GAESA controla sectores clave: turismo, comercio y servicios financieros. Las sanciones apuntan a limitar esas fuentes de ingresos del gobierno cubano.
El anuncio llegó días después del envío de ayuda humanitaria estadounidense a Cuba. La distribución se realiza a través de organizaciones de la Iglesia Católica, directamente a la población civil.
Desde La Habana, las autoridades rechazaron las medidas. Según el régimen cubano, las sanciones «afectan el desarrollo de la economía nacional» y forman parte de una estrategia de aislamiento.
Pulso Global observa: el blanco es preciso. Al golpear GAESA, Washington ataca el aparato estatal que extrae renta de cada cubano. No es presión simbólica: es cirugía económica sobre la caja militar del régimen. La ayuda humanitaria paralela refuerza el mensaje — la distinción entre pueblo y aparato es deliberada y políticamente calculada.
