ESTADOS UNIDOS (Pulso) — Toyota confirmó una expansión de 3.600 millones de dólares en San Antonio, Texas. La inversión creará 2.000 empleos manufactureros permanentes y duplicará el área de la planta para 2030, según la fuente.
El dato central: la nueva línea de ensamblaje trasladará la producción de la camioneta Tacoma desde Tijuana, México, de vuelta a suelo estadounidense. La producción quedará estampada «Made in the USA».
La expansión añadirá 2,5 millones de pies cuadrados de espacio industrial avanzado. Texas aprobó el proyecto a través del Texas Enterprise Fund y el programa JETI (Jobs, Energy, Technology, and Innovation), que ofrece estructuras fiscales favorables a grandes inversiones de capital.
El vínculo de Toyota con California es historia documentada. La marca abrió su primera sede en Hollywood en 1957. Su cuartel de ventas nacionales operó en Torrance desde 1982. En 2017 desmanteló esa sede histórica para establecer su base norteamericana en Plano, Texas.
Toyota no es un caso aislado. Según la fuente, Chevron anunció en agosto de 2024 su traslado de San Ramon a Houston, tras 145 años en California. Tesla movió su sede de Palo Alto a Austin en 2021. Oracle abandonó Redwood City por Austin. Hewlett Packard Enterprise se instaló en Spring, al norte de Houston. Charles Schwab dejó San Francisco por Westlake, Texas.
Mientras tanto, California mantiene la Ley de Calidad Ambiental (CEQA), que según la fuente retrasa expansiones fabriles durante años.
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Pulso Global observa el patrón con claridad: el dinero de los contribuyentes y el empleo manufacturero no se mueven por azar. Se mueven donde la regulación no los ahoga. Texas diseñó un marco de baja carga fiscal y desregulación; California construyó el contrario. El resultado no es ideología: son 2.000 familias que cobrarán su sueldo en San Antonio, no en Torrance. Cada sede que cruza la frontera estatal lleva consigo capital, consumo e influencia cívica. California tendrá sol. Texas tendrá fábricas.



