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Senado aprueba camaristas en Córdoba pese a escándalo que salpica al tribunal

Cortés Olmedo y Mancini fueron avalados por unanimidad; resta la firma de Milei. El tribunal que integrarán enfrenta denuncias contra su cúpula.
Imagen generada con IA
viernes 28 de agosto de 2026 · 05:50 UTC

El Senado aprobó este jueves los pliegos de Facundo Cortés Olmedo y María Soledad Mancini. Integrarán la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Ahora resta la firma final del presidente Javier Milei.

Los nombramientos formaron parte de un paquete de 66 nominaciones. Todas fueron aprobadas por unanimidad, con 66 votos afirmativos. Los tres senadores cordobeses —Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo— votaron a favor.

Mancini era secretaria del Juzgado Federal N° 2. Acumula más de tres décadas en la Justicia Federal cordobesa. Ocupará la Sala A. Cortés Olmedo, con trayectoria en el radicalismo, se hará cargo de la Sala B.

Senadores remarcaron que se completó «una ausencia de muchos años» en el tribunal. Ambos candidatos habían pasado por audiencia pública el 18 de agosto. Defendieron su trayectoria ante la Comisión de Acuerdos.

Los nuevos camaristas llegan a un tribunal en crisis. Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, presidenta y vice de la Cámara, están investigados por presuntas maniobras irregulares. Entre los expedientes señalados figura una causa por evasión contra la cerealera Bunge.

Ambos magistrados fueron denunciados además por un viaje a Punta del Este en vuelo privado en 2024. Se sospechan vínculos con causas en las que intervinieron. Sánchez Torres, por separado, está acusado de maltrato laboral contra una empleada.

La renovación llega en el peor momento para el prestigio del tribunal. Que el Senado haya blindado el acuerdo con unanimidad, sin frenar el trámite por el escándalo interno, sugiere una decisión: separar la incorporación de jueces idóneos del juicio pendiente sobre quienes hoy dirigen la Cámara.

Para el gobierno de Milei, completar vacantes judiciales de años es una señal de institucionalidad. La verdadera prueba será si la Justicia federal cordobesa logra depurar las denuncias contra Montesi y Sánchez Torres, sin que la sospecha de manejo político de causas sensibles —como la de Bunge— quede impune.

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