BRASIL (Pulso) — Al menos 50 inmigrantes marroquíes fueron atendidos por los servicios sociales de Florianópolis en un período de dos meses y medio a tres meses. Así lo reportó el programa Bom Dia Santa Catarina, de la cadena Globo.
El alcalde Topázio Neto instaló un puesto de fiscalización en la terminal de autobuses. El objetivo declarado: «identificar a quienes llegan sin empleo o vivienda asegurada».
El municipio ya financió pasajes de regreso para más de 500 personas en situación de calle o vulnerabilidad extrema. La medida generó debates jurídicos y críticas en redes sociales, según la fuente.
El contexto nacional amplía la dimensión del problema. Según el Observatorio de las Migraciones Internacionales (OBMigra), los ciudadanos cubanos superaron a los venezolanos en solicitudes de asilo: 41.919 pedidos, un incremento del 88% frente al período anterior. Esa cifra representa el 55,4% del total nacional.
Desde 2018, más de 1,2 millones de venezolanos cruzaron la frontera por Pacaraima. De ese total, más de 680.000 fijaron residencia permanente en Brasil. Los haitianos acumulan más de 37.000 refugiados históricos desde el terremoto de 2010.
La Policía Federal abrió investigaciones en el aeropuerto de Campinas tras detectar redes de tráfico de migrantes con documentación irregular, según la misma fuente.
El gobierno federal opera la «Operação Acolhida» junto a ACNUR y OIM. A través de ella se reubicaron más de 50.000 venezolanos desde Roraima hacia 675 ciudades, incluyendo estados del sur como Santa Catarina.
La población en situación de calle en todo el estado roza las 12.200 personas, según los datos citados por la fuente.
Lectura editorial. El caso de Florianópolis ilustra un patrón conocido: el aparato federal diseña la política migratoria y los municipios absorben el costo fiscal y social. Topázio Neto actúa con los instrumentos que tiene; el contribuyente local paga la cuenta de decisiones tomadas en Brasilia. Cuando la burocracia central distribuye flujos sin consultar a las comunidades receptoras, la libre empresa local y los servicios públicos municipales quedan atrapados entre la demanda y la escasez. El debate de fondo no es humanitario versus restrictivo: es quién decide y quién paga.
