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Sánchez sube el salario mínimo un 5,3% a doce días de las elecciones y lo paga el empleador

La medida eleva el SMI a 1.286 euros brutos mensuales, pero las patronales la califican de «utilización política» y reclaman que la decida el próximo Gobierno.
Foto: La Derecha Diario
miércoles 18 de noviembre de 2026 · 00:07 UTC

El Gobierno de España aprobó este martes un aumento del 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027. La medida fue impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y se aprobó a doce días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El salario mínimo sube de 1.221 a 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas. Son 65 euros más por mes, lo que suma 18.004 euros anuales.

El incremento supera la inflación interanual de octubre, que fue del 4,9%. También queda por encima del 4,9% recomendado por el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo. Queda por debajo del 7% que reclamaban los sindicatos.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) denunciaron una «utilización política» de la capacidad legislativa del Ejecutivo. Según esas organizaciones, la decisión debería quedar en manos del Gobierno que resulte elegido en las urnas, sea cual sea su orientación.

Las patronales también cuestionaron el procedimiento. Dijeron que conocieron la propuesta por los medios de comunicación y reprocharon la falta de una negociación efectiva con los interlocutores sociales.

Los trabajadores que cobran el salario mínimo seguirán exentos del IRPF. Hacienda aprobó una deducción fiscal para que el aumento no se traduzca en más impuestos para quienes ganan menos.

En el mismo Consejo de Ministros, el Ejecutivo aprobó un aumento del 4,5% para los empleados públicos en 2027. La medida alcanzará a más de tres millones de trabajadores y forma parte de un acuerdo salarial plurianual.

Para el lector de libre mercado, el dato clave es quién paga la factura. Un salario mínimo más alto encarece la contratación de los empleados menos cualificados, y son las pymes, con menos margen, las que más sufren ese costo. El aumento se decide por decreto, sin negociación real, y se aprueba en plena campaña. Es un recordatorio de que el Estado puede fijar precios del trabajo por decisión política, mientras el coste lo asumen empresas y, al final, quienes buscan empleo.

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