PANAMA (Pulso) — El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS) anunció este jueves un acuerdo con Swedbank AB y su sucursal neoyorquina. El banco sueco pagará $50 millones por retener información solicitada en 2016, 2018 y 2019.
La superintendente interina Kaitlin Asrow confirmó la sanción. Según el documento, Swedbank violó la Ley Bancaria de Nueva York al negarse a cooperar con las solicitudes del DFS sobre sus vínculos —y los de sus clientes— con la firma panameña Mossack Fonseca.
El DFS detectó el ocultamiento a principios de 2019. Lo hizo gracias a reportes periodísticos, no por iniciativa del banco. Los medios revelaron que Swedbank «no había proporcionado información sobre los vínculos de sus filiales bálticas con Mossack Fonseca».
Según el regulador, el banco excluyó intencionalmente a sus filiales en Letonia, Lituania y Estonia. No alertó al DFS de que clientes en Estonia usaban Mossack Fonseca como agente registrado. Tampoco reveló investigaciones regulatorias europeas en curso. Los propios empleados del banco, según el acuerdo, «reconocían que esta información debió haber sido incluida».
El banco tiene 10 días desde la firma para transferir los $50 millones. El DFS no tomará acciones adicionales por la conducta ya documentada, siempre que cumpla lo pactado. Sin embargo, el acuerdo aclara: el DFS podrá actuar si emergen «transacciones o conductas que no hayan sido reveladas» en los materiales presentados.
Confirmado. El sistema financiero internacional sigue pagando, con años de retraso, el costo del escándalo de los Panama Papers. El caso Swedbank ilustra un patrón: el aparato regulador neoyorquino no detectó el ocultamiento por su propia auditoría, sino por el periodismo. La multa es relevante; la demora en aplicarla, también. Para los defensores del estado de derecho y la integridad del mercado, la lección es clara: la opacidad bancaria no es un error administrativo. Es una decisión.
