ARGENTINA (Pulso) — La reforma laboral de Javier Milei todavía no muestra un efecto claro sobre el empleo formal. Las estadísticas oficiales marcan lo contrario.
Desde la entrada en vigencia de la ley Bases, se destruyeron 106.927 puestos de trabajo registrados en el sector privado, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA. En el mismo período, la tasa de asalariados pasó del 36,4% al 37,9%, alrededor de 100.000 asalariados no registrados más.
También creció la informalidad sobre el total de ocupados. Entre el segundo trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2026 pasó del 41,4% al 45%. En los aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares, eso representa unos 574.000 ocupados informales más en dos años.
La segunda reforma, la llamada ley de modernización laboral de marzo de 2026, tampoco cambió esa tendencia. Desde su vigencia, se destruyeron 36.531 puestos registrados en el sector privado, según el SIPA. La informalidad sobre el total de ocupados pasó del 44,2% al 45%.
El cuadro se completa con otro dato oficial: desde el inicio de la gestión libertaria bajaron sus persianas 31.342 empresas, en su mayoría pymes. Hasta julio de este año se activaron 163 Procedimientos Preventivos de Crisis.
En noviembre empieza además el Fondo de Asistencia Laboral, FAL. Se financiará con el aporte mensual del 1% de la masa salarial en grandes compañías y del 2,5% para pymes. Solo podrá usarse para indemnizaciones.
La oposición advirtió que el FAL desfinanciará la seguridad social. Según el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, su implementación reduciría un 7% los recursos del SIPA, con una caída de $ 4.363.550.000.000.
La lectura política es inevitable. El Gobierno apostó por abaratar y flexibilizar, pero el mercado laboral sigue sin crear empleo registrado. La consecuencia la pagan los trabajadores formales, los aportantes y el sistema previsional. Cuando el ajuste no se traduce en más empleo, la promesa de modernización queda reducida a más precariedad y menos protección.
