ARGENTINA (Pulso) — El jueves, por cadena nacional, Javier Milei anunció un paquete de medidas sobre Malvinas. Habló de un "peligro claro y urgente": el proyecto petrolero offshore Sea Lion, de la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, a 220 kilómetros al norte de las islas.
Milei anunció que firmará un decreto para agilizar sanciones ya previstas en la ley 26.659. Apuntan a empresas, accionistas y directivos vinculados a extracción sin autorización argentina. También adelantó el envío al Congreso de un proyecto de ley de soberanía nacional. Extiende las sanciones a pesca, turismo y ganadería ovina. Crea un Consejo de Seguridad Nacional con Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
Además firmó un DNU para ampliar recursos del Ministerio de Defensa. La prioridad: acelerar la base naval integrada de Tierra del Fuego.
Desde el peronismo remarcan que la ley de 2011 ya existía. Y que las obras en Ushuaia comenzaron en 2002. Denuncian que el Gobierno no tuvo interés real en aplicarla y que los trabajos estuvieron paralizados tres años.
El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, dijo que hay predisposición a debatir «en los ámbitos institucionales». Pero avisó que no acompañarán injerencia de Estados Unidos ni uso compartido de la base con fuerzas norteamericanas. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro fue tajante: «No hay lugar para facultades delegadas ni para superpoderes».
El diputado Juan Grabois posteó: «Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien». El radical Pablo Juliano pidió convocar al Consejo Nacional de Malvinas, sin funcionar hace más de dos años. También exigió frenar la venta de predios de la Armada en Ushuaia y el vaciamiento de la Base Aeronaval Punta Indio, y restituir el FONDEF, eliminado en el Presupuesto 2026.
La oposición señaló otro dato: el gasto en defensa cayó del 0,63% del PBI en 2020 al 0,28% actual. Los proyectos llegarían al Congreso a mediados de la semana que viene.
La firmeza discursiva frente a Londres contrasta con años de desfinanciamiento de las fuerzas armadas propias. El respaldo opositor existe, pero condicionado: nadie en el Congreso está dispuesto a ceder poder delegado ni soberanía sobre la futura base a cambio de un gesto patriótico.
