ARGENTINA (Pulso) — El presidente Javier Milei anunciará esta noche una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Según fuentes oficiales, el proyecto prohíbe el financiamiento al Tesoro —directo e indirecto— y elimina instrumentos como las Letras Intransferibles.
La última modificación a esa carta data de hace casi 15 años. El nuevo texto concentraría la misión del BCRA en preservar el valor de la moneda. Hoy el mandato incluye también «estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social».
Un dato ilustra el problema estructural. La permanencia promedio de los presidentes del BCRA es de 28 meses, según un informe de la consultora MAP Latam. Santiago Bausili acumula 31 meses. El récord histórico lo tuvo Roque Fernández, con 66 meses.
El contraste regional es claro. Julio Velarde lleva 20 años al frente del Banco Central de Perú, ratificado por gobiernos de signos políticos opuestos. En Chile, los consejeros del banco central tienen mandatos de diez años con renovación escalonada. En Brasil, la autonomía formal llegó en 2021: mandatos fijos que no coinciden con el ciclo presidencial. Roberto Campos Neto, designado por Bolsonaro, completó su mandato ya bajo la administración Lula.
«Chile, Perú, Brasil y Colombia lograron construir marcos institucionales que evitaron que las tensiones se tradujeran en una dinámica inflacionaria crónica», señaló Juan Pablo Ronderos, cofounder & partner de MAP Latam, según el documento consultado.
La economista Laura D'Amato, exgerente del BCRA y profesora de IIEP/UBA y UCEMA, valoró el ejemplo peruano: «Es un país que ha logrado aislar al banco central del ciclo político, sujeto a la alternancia de gobiernos con visiones muy antagónicas», según sus declaraciones recogidas en la fuente.
La Fed de Estados Unidos tiene mandato dual —empleo y precios—, pero opera en un contexto de inflación históricamente controlada. Argentina no tiene ese lujo.
Lectura editorial. La reforma apunta al corazón del problema fiscal argentino: el financiamiento monetario del gasto público. Cada peso emitido para cubrir déficit es un impuesto encubierto al ahorrista y al trabajador. Blindar al BCRA de la presión política no es tecnocracia; es proteger el bolsillo del ciudadano de la discrecionalidad del aparato estatal. El modelo existe y funciona en la región. La pregunta es si el Congreso lo sostendrá.
