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Machado exige transparencia total sobre pacto petrolero que compromete 22% de reservas venezolanas

El acuerdo involucra 17 yacimientos y 65.000 millones de barriles. La opositora reclama licitaciones abiertas y titularidad ciudadana sobre el recurso.
Imagen generada con IA
sábado 5 de septiembre de 2026 · 14:26 UTC

Confirmado. Un acuerdo petrolero de escala masiva compromete 17 yacimientos estratégicos en Venezuela. La cifra: 65.000 millones de barriles, equivalentes al 22% de las reservas probadas del país.

Según la columna de David Uzcátegui D'Lima publicada en lapatilla.com, el pacto se operó «al margen de la legalidad» y sin validación de una Asamblea Nacional legítima. El texto señala como intermediario a Alejandro Betancourt, a través de una firma domiciliada en Barbados, y atribuye a ese operador «causas e investigaciones abiertas por blanqueo de capitales en tribunales internacionales».

La líder opositora María Corina Machado respondió públicamente. Cita textual: «El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo; le pertenece al pueblo venezolano».

La dirigente planteó cinco condiciones para cualquier acuerdo energético. Un marco legal aprobado por parlamento legítimo. Una agencia de hidrocarburos independiente. Licitaciones públicas sin adjudicación directa. Un régimen tributario competitivo con ingresos justos para la nación. Y sometimiento al arbitraje internacional.

En desarrollo. Machado también advirtió que el petróleo, por sí solo, no resuelve la crisis. Exige, según la columna, infraestructura operativa, seguridad jurídica y estabilidad eléctrica como condiciones previas a cualquier reconstrucción.

El episodio expone una tensión central para cualquier economía de libre mercado: sin reglas claras, sin licitaciones abiertas y sin seguridad jurídica, ningún capital extranjero llega con garantías reales. Un pacto cerrado entre cúpulas, sin control parlamentario ni transparencia, no es inversión: es reparto discrecional de activos nacionales.

La exigencia de Machado —licitaciones públicas, arbitraje internacional, agencia independiente— coincide con el estándar mínimo que exige el capital serio antes de comprometer fondos en un país. Sin ese piso institucional, la riqueza del subsuelo venezolano seguirá secuestrada por el mismo patrón de opacidad que ha caracterizado al chavismo durante dos décadas.

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