BRASIL (Pulso) — Confirmado. Luiz Inácio Lula da Silva aprobó formalmente el jueves una medida de protección social.
El beneficio otorga un subsidio con baja remunerada de hasta seis meses para mujeres víctimas de «violencia machista» o violencia doméstica. La cobertura aplica cuando necesitan alejarse de sus empleos.
La promulgación ocurre a escasas horas de las elecciones presidenciales programadas para el domingo 4 de octubre de 2026. La fuente también menciona un balotaje pautado para el 25 de octubre de 2026.
Durante un acto oficial en el Palacio Presidencial de Planalto, en Brasilia, el presidente firmó una resolución enmarcada en la Ley Maria da Penha. La disposición sigue un dictamen de la Corte Suprema de Brasil.
La norma elimina los controles previos. El requisito único será presentar una resolución judicial de alejamiento. Ya no hará falta peritaje médico ni revisión médica previa.
La carga del pago queda dividida. Durante los primeros 15 días, paga el empleador. Desde el día 16, la cobertura pasa al Instituto Nacional de Seguridad Social, INSS.
Para trabajadoras autónomas aseguradas, el INSS absorberá el subsidio desde el primer día. Para mujeres sin cobertura previsional o no aseguradas, la erogación recaerá sobre estados o municipios por orden judicial.
La medida ratifica que no se exigirá un período mínimo de cotización. Además, el INSS tendrá 15 días para configurar un procedimiento prioritario y anónimo.
El abogado general del Estado, Jorge Messias, respaldó el anuncio. Sostuvo que la dependencia económica es el mayor obstáculo para denunciar a los agresores. Dijo: «Ninguna mujer más tendrá que elegir entre su seguridad y llegar a fin de mes».
La firma ocurre en un país con 1.518 víctimas de feminicidio en 2025, según la fuente. Ese dato equivale a una media de cuatro muertes por día.
En lo político, la medida llega con evidente lectura electoral. También exhibe otra vez la expansión del aparato estatal sobre la nómina privada y el dinero público. La protección a víctimas es una obligación básica. El costo, sin embargo, vuelve a caer sobre empleadores y contribuyentes.
