REINO UNIDO (Pulso) — El Ministerio de Justicia del Reino Unido rechazó publicar las condenas de 2025 desglosadas por nacionalidad y tipo de delito.
La solicitud la presentó el Centre for Migration Control. La cartera alegó que esos datos podrían permitir identificar a personas concretas. La negativa se difundió el 17 de noviembre.
El organismo rechazó dos argumentos iniciales del Gobierno. Primero, el costo de elaborar las estadísticas. Segundo, el riesgo para la privacidad, que según el propio organismo podía reducirse suprimiendo las categorías con menos de cinco condenas.
La disputa tiene antecedentes. En junio de 2026, la Oficina del Comisionado de Información (ICO), organismo independiente que supervisa el acceso a la información y la protección de datos, ordenó al Ministerio de Justicia divulgar las cifras correspondientes al período 2018-2024.
Nigel Farage, líder de Reform UK, acusó al Ejecutivo de mantener un «encubrimiento» de las estadísticas sobre delincuencia de extranjeros. Cuestionó que el Gobierno rechazara tanto la nueva solicitud como la publicación de los registros anteriores.
Desde el ministerio rechazaron la acusación de ocultamiento. Señalaron que ya publican distintas estadísticas sobre delincuentes extranjeros. Además, sostienen que no pueden divulgar información mientras continúe el procedimiento judicial vinculado a los datos de 2018 a 2024.
El punto central es una distinción: lo solicitado son cifras por nacionalidad de las personas condenadas, no una estimación sobre la población migrante en general.
Lectura editorial: para el ciudadano que paga el sistema de justicia, saber cuántas condenas recaen en cada nacionalidad es información básica de gestión pública. Una administración que invoca el costo y la privacidad para no entregar datos agregados, y que deja que la controversia se resuelva en tribunales, traslada al contribuyente la carga de la sospecha. El argumento de privacidad pierde fuerza cuando el propio regulador propone suprimir categorías pequeñas. La transparencia en el gasto y en la aplicación de la ley es un principio básico de un Estado limitado que rinde cuentas.



