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La OEA aprieta a Ortega y Murillo: exige liberar presos políticos y abrir la ruta electoral

Confirmado. La resolución pide restablecer libertades civiles y garantías democráticas en Nicaragua. La OEA no impuso sanciones, pero elevó la presión sobre el régimen.
Imagen generada con IA
sábado 3 de octubre de 2026 · 01:28 UTC

La Organización de los Estados Americanos aprobó este viernes una resolución sobre Nicaragua. El texto reclama al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberar a las personas detenidas por motivos políticos.

La decisión se tomó en una reunión extraordinaria de cancilleres celebrada en Washington. La resolución también pide restablecer las libertades civiles y crear las condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas.

Entre las exigencias figuran la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos. También pide el fin de la persecución contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.

El documento reclama además restablecer la separación de poderes. También exige garantizar las libertades fundamentales y avanzar hacia un proceso electoral con garantías democráticas.

La OEA pidió informar sobre el paradero de personas desaparecidas. También reclamó devolver la nacionalidad a ciudadanos privados de ella. Además, pidió revertir medidas que afectan el espacio cívico y la participación política.

La resolución se aprobó después de que el gobierno nicaragüense anunciara que no se prevén nuevas elecciones en 2027. Según la CIDH y el Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, un día antes hubo advertencias sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, confiscaciones de propiedades y privaciones arbitrarias de nacionalidad.

Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana presentaron la iniciativa. Brasil, México y Uruguay cuestionaron algunos de sus términos.

La OEA no estableció sanciones concretas contra Ortega y Murillo. Aun así, la resolución marca una línea institucional contra el cierre del espacio cívico y el vaciamiento de la competencia política. Cuando un régimen restringe libertades y bloquea elecciones reales, el costo lo pagan los ciudadanos y la propiedad queda a merced del poder.

El mensaje también importa para la región. El sistema interamericano volvió a poner el foco en derechos, separación de poderes y límites al aparato estatal. Sin esas garantías, no hay libre empresa ni vida cívica plena.

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