IRÁN (Pulso) — Miles de personas salieron a las calles de Abdánan, en la provincia occidental de Ilam, Irán. Exigían responsabilidades por un accidente de tránsito.
El siniestro ocurrió el sábado 14 de noviembre. Un autobús que transportaba empleados de una empresa vinculada a actividades petroleras volcó entre Dehloran y Abdánan, cerca de la frontera con Irak. Trece trabajadores murieron. Otras personas resultaron heridas.
La movilización comenzó como un reclamo por el siniestro. Pronto se transformó en una protesta contra las autoridades. Según los registros difundidos por Iran International, cientos de personas coreaban consignas contra el régimen.
En las primeras concentraciones, los manifestantes exigieron la renuncia de los funcionarios con la consigna «Funcionarios incompetentes, renuncien». Los habitantes cuestionaron las condiciones de seguridad del transporte de los trabajadores.
Las imágenes también mostraron reclamos por la situación económica, la corrupción y el deterioro de los servicios públicos. Un grupo rompió un cartel vinculado a la Guardia Revolucionaria y a la milicia Basij, dos estructuras centrales del aparato de seguridad de la República Islámica. Se escucharon cánticos a favor de Reza Pahlavi, hijo del último monarca iraní.
Abdánan ya había protagonizado protestas en enero de 2026, cuando miles de personas salieron a las calles por la crisis económica.
Por ahora, no hay informes oficiales sobre un cambio en el control de la ciudad ni sobre la retirada de las fuerzas de seguridad.
Lectura editorial: el caso muestra el costo humano de un sistema que, según los manifestantes, prioriza el aparato de poder sobre la seguridad de quienes trabajan. Trece muertos en un traslado laboral y la ausencia de explicaciones pesan más que cualquier discurso oficial. Para un lector que defiende el mercado, la libertad y el control ciudadano del Estado, la pregunta es quién responde por la seguridad de los trabajadores y quién paga el precio de la mala gestión.
La persistencia de estas protestas recuerda que el reclamo de rendición de cuentas no se agota en un accidente. Es un síntoma de tensiones acumuladas que el régimen no ha logrado acallar.



