ESTADOS UNIDOS (Pulso) — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habría diseñado una nueva fase de operativos. El objetivo: ciudadanos haitianos que perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS). Las acciones podrían comenzar en los próximos días.
Según CBS News, uno de los focos principales sería Ohio. Springfield figura entre las ciudades identificadas. La comunidad haitiana allí es numerosa. Otras localidades también podrían incluirse.
La cifra es concreta: más de 300 mil haitianos dejarán de tener autorización legal para permanecer y trabajar en EE.UU. Quienes no regularicen su situación enfrentarán detención y procesos de deportación. Quienes no tengan orden de remoción vigente deberán comparecer primero ante un juez de inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no confirmó detalles operativos. Sí reiteró que el TPS se convirtió en una «amnistía de facto». El organismo indicó que quienes pierdan el beneficio deberían salir voluntariamente. «La buena noticia es que aún están a tiempo de recibir un cheque de US$2.600 y un vuelo de regreso a casa gratis», señaló la agencia en un comunicado a CBS News.
El origen legal está claro. El 25 de junio, la Corte Suprema resolvió que la legislación federal limita la revisión judicial sobre decisiones del Ejecutivo en materia de TPS. El fallo revirtió decisiones que habían frenado las cancelaciones del programa. Las juezas Kagan, Sotomayor y Brown Jackson votaron en disidencia.
Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, describió el impacto según CBS News: «Una de ellas me dijo que se siente como un tsunami o un terremoto con réplicas constantes».
El TPS fue creado por el Congreso en 1990. En el caso haitiano, rige desde el terremoto de 2010.
Lectura editorial. La Corte Suprema devolvió al Ejecutivo la potestad que la ley siempre le otorgó. El TPS nació como protección temporal; 15 años después, su extensión indefinida lo convirtió en algo distinto. La administración Trump aplica el marco legal vigente y ofrece una salida voluntaria con incentivo económico. El debate real no es humanitario: es si el Estado de derecho se aplica de forma pareja o solo cuando conviene políticamente.
