CHILE (Pulso) — La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó a la Corte Suprema que rechace el recurso de reclamación de Cadena Comercial Andina SpA (CCA), matriz de Oxxo en Chile.
El recurso impugna la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Ese fallo condenó a CCA al pago de una multa a beneficio fiscal superior a $2.400 millones, equivalente a 2.898 Unidades Tributarias Anuales.
El TDLC determinó que CCA infringió la norma que sanciona la entrega de información falsa al notificar su operación de concentración con Ok Market en 2021.
El jefe de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, alegó ayer ante la Tercera Sala. Sostuvo que Oxxo afirmó tener solo 40 antecedentes exigidos por ley. Según la Fiscalía, la empresa poseía al menos 60 documentos adicionales.
Santelices indicó que esos 60 documentos omitidos eran relevantes para caracterizar el mercado. Su ausencia obligó al organismo a replicar esa información mediante diligencias investigativas. Eso implicó, según la FNE, mayor inversión de recursos públicos.
Oxxo respondió que actuó «de buena fe, con transparencia y en permanente colaboración» con la Fiscalía. La empresa sostuvo que «en ningún momento se entregó información falsa ni se ocultaron deliberadamente antecedentes». Agregó que los documentos cuestionados no alteraron el análisis ni el resultado de la operación.
La FNE presentó el requerimiento en diciembre de 2022, tras una investigación iniciada en julio de ese año. El requerimiento original pedía una multa superior a $5.250 millones. El TDLC la redujo a las 2.898 UTA finalmente aplicadas.
En julio de 2023, la empresa ya había conciliado con la FNE por un cargo separado: incumplir medidas de mitigación vinculadas a cláusulas de exclusividad en contratos de arrendamiento. CCA reconoció ese incumplimiento y pagó $380 millones a beneficio fiscal.
La Corte Suprema tiene ahora la última palabra.
Desde la línea editorial de Pulso Global: el caso ilustra un principio básico del libre mercado. Las reglas de competencia solo funcionan si los actores privados entregan información veraz al regulador. Omitir documentos relevantes no es un tecnicismo: fuerza al Estado a gastar más recursos públicos y distorsiona el análisis del mercado. La Suprema debe confirmar que la transparencia con el regulador no es opcional.
