COLOMBIA (Pulso) — Semana accedió a documentos de Eva Ferrer, examiga de Verónica Alcocer. Ferrer fue consejera para la reconciliación en el Gobierno de Gustavo Petro.
Los archivos incluyen cartas, cuentas de cobro y negocios. Una carta a Petro, de octubre de 2023, detalla su salida del cargo.
Según Ferrer, Manel Grau, empresario catalán cercano a Alcocer, le pidió la renuncia. La amenazó con dañar su reputación, según el documento.
Tras dejar el cargo, Ferrer reclamó 663.068.267 pesos. El monto incluye honorarios, impuestos y un supuesto préstamo.
El rubro mayor: 350 millones de pesos por un préstamo para la posesión presidencial. Ferrer afirmó que Alfonso Prada y Luis Fernando Velasco confirmaron ese préstamo.
Según sus notas, ese dinero terminó usado para «la decoración de la casa». María Morales, abogada de Ferrer, dijo a Semana que los 350 millones los aportó el empresario Antonio López para IVA de la posesión. La reclamación actual, sin ese monto, es de 645 millones de pesos.
Otro documento describe un negocio de reventa de habitaciones para la COP16 en Cali, con una inversión cercana a 2 millones de dólares. Nunca se concretó.
Entre septiembre y octubre de 2024, Ferrer buscó reuniones con el canciller Luis Gilberto Murillo, el nuncio apostólico y embajadas de España y Noruega.
Lectura editorial
El episodio expone la opacidad en el manejo de dineros dentro del círculo presidencial. Cuentas de cobro, préstamos cruzados y negocios paralelos revelan una zona gris entre lo privado y lo público que el petrismo prometió erradicar.
Más allá del pleito personal, el caso vuelve a poner en duda la transparencia de un gobierno que hizo bandera del ejemplo moral. La confusión entre fondos para una posesión presidencial y gastos domésticos no es un detalle menor: es la radiografía de una gestión sin controles claros.
