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EE. UU. amplía la presión sobre Maduro y Flores con nuevas acusaciones

Confirmado. Fiscales federales prevén sumar cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por tortura a estadounidenses detenidos en Venezuela. La defensa niega las acusaciones y pide que la pareja quede fuera de prisión.
jueves 8 de octubre de 2026 · 06:57 UTC

Fiscales federales de Estados Unidos esperan presentar cargos adicionales contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La acusación nueva los vincula con la tortura de estadounidenses retenidos en cárceles venezolanas, según CBS, socio de medios de la BBC en EE. UU. También podrían sumarse más personas, por la presunta tortura de más de una docena de estadounidenses detenidos de forma injusta bajo Maduro.

Maduro y Flores fueron capturados en Caracas el 3 de enero, en una redada nocturna, y trasladados a Nueva York. Allí ya enfrentan cargos por presuntos delitos de armas y drogas, que ambos niegan. El juicio para los dos está fijado para junio de 2027.

Flores debe comparecer este jueves en una audiencia federal sobre fianza en Nueva York. Sus abogados piden su liberación de la cárcel y arresto domiciliario, al alegar problemas cardíacos. La defensa también sostiene que no recibió aviso de nuevos cargos.

Los fiscales se oponen. En una presentación judicial, dijeron que Flores representaría un «riesgo extremo de fuga y peligro para el público» si fuera liberada. También afirmaron que ha recibido atención en un hospital local cuando lo ha necesitado.

Maduro y su esposa ya habían sido acusados en un caso presentado hace seis años. La acusación original incluía conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. La BBC recordó además que Washington lo acusa de narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra y dispositivos destructivos.

Para Washington, el caso vuelve a poner sobre la mesa el costo del poder criminalizado. Cuando un aparato estatal termina, presuntamente, ligado a drogas, armas y tortura, el daño no se limita a Venezuela. También golpea el estado de derecho y la seguridad regional.

La respuesta judicial de EE. UU. muestra otra lectura: la persecución penal sigue avanzando. Si las pruebas sostienen los cargos, el mensaje para la cúpula política es claro. El poder no inmuniza frente a la ley ni frente a las víctimas.

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