ESTADOS UNIDOS (Pulso) — El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó el plan Close Rikers: Strategic Plan. La propuesta busca cerrar el complejo penitenciario de Rikers Island.
El límite legal vigente fijaba el cierre definitivo para el 31 de agosto de 2027. El nuevo horizonte se fija para 2032. Según el plan, el penal será reemplazado por cuatro cárceles distritales más pequeñas.
La alcaldía aprobó un presupuesto de USD 146 millones para el próximo año fiscal. De esa cifra, USD 50 millones se destinan a salud mental, educación, formación laboral y tratamiento por consumo de sustancias dentro de los penales. USD 76 millones financian servicios comunitarios, como viviendas de apoyo y centros de estabilización de emergencia. USD 16 millones cubren asistencia legal y a víctimas de delitos.
El plan también contempla 236 unidades terapéuticas adicionales en Brooklyn y el Bronx. Con ello, la red pública NYC Health + Hospitals tendrá 340 camas terapéuticas. Además, 104 camas en el Hospital Bellevue, en Manhattan, ya recibieron a reclusos con cuadros psiquiátricos severos.
Cada una de las cuatro nuevas cárceles tendrá celdas individuales y espacios de enseñanza universitaria. La de Queens alojará a toda la población femenina bajo custodia.
El cierre depende de reducir la población carcelaria, que era de unas 6.600 personas a inicios de noviembre. La meta es llegar a 5.500 detenidos en 2029 y a 4.100 en 2032. Para ello, el gobierno local busca desmantelar la prisión preventiva, acelerar los procesos judiciales y aplicar alternativas al encarcelamiento. También se reactivará en 2027 el portal de pago de fianza, fuera de servicio desde 2023.
El comisionado del Departamento de Correcciones, Stanley Richards, afirmó que «la época de un sistema de justicia que opera “lejos de la vista y de la mente” llega a su fin». La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, señaló que «los retrasos de administraciones anteriores dejaron en claro que se necesita más tiempo». La fiscal general del estado, Letitia James, respaldó la clausura como «necesaria para la seguridad de todos».
Lectura de la casa: el plan traslada a la factura del contribuyente USD 146 millones en programas sociales dentro y fuera de la cárcel, mientras el cierre se posterga cinco años. Quien paga es el neoyorquino que financia un esquema de custodia más blando, con menos detenidos en prisión preventiva y más gasto público en reinserción. La pregunta de fondo es si la seguridad de la ciudad mejora al reducir la población carcelaria o si el costo recae sobre la prevención del delito y las víctimas.


