COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. El presidente Abelardo de la Espriella cifra en cerca de 55.000 las personas que participaron en el paro nacional de este jueves.
El Gobierno informa de 285 actividades convocadas. Según el mandatario, el 97 % transcurrió de forma pacífica.
En su balance, De la Espriella compara la cifra con la del 14 de octubre, cuando se movilizaron 62.000 personas. Hubo una reducción.
El Ejecutivo atribuye ese resultado al decreto 1525, expedido en octubre para modificar los protocolos de intervención de las autoridades durante las protestas.
Fuerza Pública realizó doce intervenciones. Entre ellas, en la Universidad del Cauca y en la Universidad Nacional de Bogotá. Hubo cuatro capturas.
La Policía informó también de material explosivo y 500 kilos de cocaína incautados en el Cauca.
En Medellín, videos muestran a encapuchados lanzando un artefacto incendiario contra un joven. Según las fuentes, el joven no resultó herido tras la intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi).
El mandatario dijo: «La protesta pacífica es un derecho, la violencia no». Advirtió que no permitirá que se atente contra la democracia.
De la Espriella dedicó también duras palabras a Gustavo Petro y a Iván Cepeda. Según el presidente, no tolerará que pretendan destruir a Colombia.
Del otro lado, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció que no retrocederá. Su presidente, Nelson Alarcón, pidió retirar la reforma tributaria. Según denuncian las organizaciones convocantes, la reforma eleva del 5 al 19 % el IVA de diversos productos básicos.
En desarrollo.
La lectura de la casa: el dato que pesa para el contribuyente es el IVA. Si la reforma sube del 5 al 19 % el impuesto a productos básicos, el costo recae sobre el bolsillo de los hogares, no sobre el aparato estatal. Cada punto de gasto público financiado con impuestos es dinero que deja de estar en manos de quien produce y consume.
El debate de fondo es de principios: propiedad, libre empresa y límites al gobierno. Un Ejecutivo que mide el éxito de su reforma por la caída de las marchas debe demostrar que la protesta pacífica sigue siendo un derecho y que la regulación no se convierte en freno a la movilización.



