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Ecuador excluye el voto en Cuba y Venezuela por falta de condiciones diplomáticas

El CNE decidió no realizar los comicios del 29 de noviembre en esos dos países. La medida deja fuera a ecuatorianos residentes allí y evidencia el costo de romper relaciones diplomáticas.
jueves 8 de octubre de 2026 · 10:36 UTC

Confirmado. El pleno del Consejo Nacional Electoral de Ecuador decidió no realizar los comicios del 29 de noviembre en Cuba y Venezuela.

La decisión se tomó por unanimidad. El organismo acogió la recomendación de la Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales.

La consejera Elena Nájera dijo que, según información del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en La Habana, Caracas y Valencia «se han identificado condiciones que imposibilitan el adecuado desarrollo del proceso electoral».

El Nacional reportó que Ecuador no tiene relaciones diplomáticas con esos países. Esa ausencia impide coordinar operaciones propias del proceso electoral.

Entre los problemas citados están la definición de centros de votación, la capacitación de miembros de mesa, y el envío y recepción de paquetes electorales. También se mencionó la asignación de recursos económicos.

Más de trece millones de ecuatorianos están habilitados para votar en las elecciones locales de noviembre. Allí se elegirán 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales, entre otras autoridades.

Quienes residen en el extranjero sí pueden votar por los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un órgano de siete personas. Ese consejo tiene la función de designar autoridades de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Contraloría.

La decisión muestra una realidad incómoda. Cuando el Estado pierde canales diplomáticos, también pierde capacidad operativa. El resultado lo pagan los ciudadanos con menos acceso al voto y más burocracia fallida.

La elección sigue adelante para millones de ecuatorianos. Pero el episodio deja una señal clara: la relación entre soberanía, diplomacia y servicio público no es abstracta. Tiene costos concretos para el elector y para la organización institucional.

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